¿Demoró el camarista federal Mario Leal su voto en el caso en el que se investiga una presunta influencia de uno de sus allegados? Esto es lo que quiere saber la querella, en la persona del abogado Juan Andrés Robles, al presentar un escrito ante el fiscal federal Agustín Chit. En la presentación, el denunciante -el funcionario de ARCA Mario Alberto Martínez Salazar Pérez- solicitó que el Ministerio Público profundice la batería de medidas ya en curso, con eje en los cruces de comunicaciones, la pericia del celular secuestrado y los movimientos del vehículo oficial que habría sido usado en al menos una de las reuniones. El planteo pretende acelerar la etapa preparatoria y ordenar el caso de cara a decisiones de fondo.

La causa se inició con la denuncia que Martínez Salazar Pérez formalizó el 29 de abril de 2025 en la Fiscalía Federal N.º 2. Allí afirmó que Luis Ontiveros le habría pedido U$S 100.000 para “influir” en el voto de un camarista en una causa que involucraba a su hijo. A partir de esa presentación, Chit abrió una investigación preliminar por posible tráfico de influencias. Requirió información, cotejó ubicaciones y pidió medidas de prueba urgentes. En mayo, el fiscal elevó un dictamen: acreditó un “vínculo personal no filial” entre Ontiveros y el camarista Leal; verificó que el señalado utilizaba una billetera virtual asociada al juez; y documentó que se movía en un Fiat Toro registrado a nombre de la Corte Suprema y asignado a la Cámara Federal tucumana. Esos elementos, si bien no imputan delito a Leal, explican por qué el magistrado aparece indirectamente involucrado en el expediente.

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Con autorización del juez federal José Manuel Díaz Vélez, la pesquisa avanzó sobre el tráfico de comunicaciones y el secuestro del teléfono celular de Ontiveros. Sobre ese soporte digital gira hoy buena parte de la expectativa procesal: de lo que surja de las pericias —búsquedas por “nube” de palabras clave, chats, ubicaciones— dependerá si la Fiscalía convoca a indagatoria o si, como sostiene la defensa, se robustece la hipótesis de una “causa armada”. La querella, en su nuevo pedido, apunta precisamente a que Chit priorice esas conclusiones periciales y formalice el llamado.

Movimientos

En paralelo, la representación del denunciante reclamó oficios a la Corte para reconstruir los itinerarios del vehículo oficial asignado a la vocalía de Leal, y requerimientos a proveedores de pagos para trazar los movimientos de la billetera virtual mencionada por la Fiscalía. También pidió citar como testigos a actores clave del entorno judicial y universitario, a fin de clarificar los roles funcionales y evitar que los vínculos personales contaminen la comprensión de los hechos. El objetivo: blindar la prueba, despejar zonas grises y minimizar eventuales nulidades futuras.

La defensa, por su parte, niega de plano las acusaciones. Solana Casella, relatora de Leal y pareja de Ontiveros, rechazó haber intervenido en el trámite del expediente que afectaba al hijo del denunciante y calificó todo como un montaje para perjudicar su carrera hacia la titularidad del Juzgado Federal N.º 1, para cuyo concurso está ternada. Ontiveros también negó la maniobra y, según trascendió, planteó una contradenuncia por falso testimonio. Ese contrapunto obligará a la Fiscalía a sopesar dichos, documentos y datos duros de geolocalización y mensajería.

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En el frente público, el caso escaló porque la trama roza a la Cámara Federal: si bien el propio dictamen fiscal aclaró que el nexo entre Ontiveros y Leal no es de parentesco, la cercanía personal y laboral —sumada al presunto uso de activos institucionales— colocó al camarista “en el ojo de la tormenta” y elevó el umbral de escrutinio. Para la querella, ese contexto vuelve imperiosa una respuesta procesal rápida que disipe sospechas, delimite responsabilidades y fortalezca la confianza en el sistema.

El último pedido tiene que ver con el voto que debía dar Leal en el marco de la causa que se tramita en Catamarca y en la cual el hijo del denunciante está imputado, entre otros delitos, por asociación ilícita, en el marco de la investigación de una presunta estafa piramidal. Lo que la querella pretende saber es si Leal demoró su voto justo en el momento en el que, según la presentación judicial, Ontiveros habría pedido el pago de dinero para influir en la decisión del camarista. Es que en principio se habría informado que los otros cuatro miembros de la Cámara resolvieron rápidamente el trámite, algo que no habría sucedido en la vocalía de Leal. “La prueba es considerada pertinente y necesaria a los efectos de probar el contenido de las reuniones que mantuviera el imputado Ontiveros con mi conferente, víctima-querellante en la causa”, indicaría el pedido que realizó la querella luego de solicitar que se libre oficio a Cámara Federal de Apelaciones para que se informe el tránsito y sus fechas por las diferentes vocalías del expediente.

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En tanto, la defensa de Ontiveros pidió a mediados de julio la recusación del juez Díaz Vélez, a partir de la orden emitida para que se secuestre el teléfono celular del sospechoso, además de solicitar que ese acto sea nulo. Del pedido de recusación se corrió vista a las partes, pero esto fue cuestionado por la defensa, encabezada por el abogado Camilo Atim, ya que consideran que ese trámite no era correcto. Mientras esto no se resuelva no se podrá hacer la pericia sobre los mensajes que estaban en la memoria del celular, información clave con la que debe contra el fiscal Chit para decidir si avanza en la investigación y pide la indagatoria de Ontiveros. En ese sentido, Casella -para quien la causa estopa armada para perjudicarlos- aseguró que la grabación que presentó el denunciante de una presunta conversación con el sospechoso es “inaudible”, según una pericia que realizó personal de Gendarmería.